Colombia: Germán Romero Sánchez at Risk for His Work as a Lawyer for Victims of Human Rights Violations

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Germán Romero Sánchez, human rights lawyer

22 October 2019

Excmo. Sr. Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 Nº 7 – 26
Palacio de Nariño
Bogotá, Colombia

Re: Germán Romero Sánchez en alto riesgo debido a su labor de abogado de víctimas de vulneraciones de derechos humanos

Las organizaciones firmantes expresa su profunda preocupación por los repetidos ataques y amenazas a la integridad personal y profesional del Germán Romero Sánchez abogado perteneciente a la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos- DH Colombia.

Descripción de la situación:

Germán Romero Sánchez, es un conocido abogado defensor de derechos humanos cuya labor se basa principalmente en la representación de víctimas en el marco de procesos penales iniciados contra agentes del Estado y altos oficiales del ejército de Colombia. Su intervención resulta por tanto imprescindible para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades que den satisfacción a los objetivos de verdad, justicia y reparación perseguidos por las víctimas. Entre los procesos en los que ha intervenido o sigue interviniendo el abogado cabe destacar los siguientes:

Representación legal de víctimas en el proceso penal abierto por delitos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos indiciariamente a altos oficiales en activo;
Representación legal de víctimas en el proceso penal abierto por la masacre de 8 personas perpetrada por militares y paramilitares en febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó;
Representación legal de la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de tortura psicológica presuntamente perpetrada por agentes del extinto Departamento de Administración de Seguridad (DAS) actualmente investigados en el marco del proceso abierto contra 8 funcionarios;
Representación legal de víctimas en el caso de la Operación Dragón, un plan de asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas y líderes políticos por su oposición a la privatización de Empresas Municipales de Cali (Emcali);
Representación legal de Alfamir Castillo cuyo hijo, Darbey Mosquera, fue asesinado en febrero de 2008 por miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 57 de la XIII Brigada en un caso de falso positivo;
Representación legal de víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por el caso de las personas desparecidas en la toma del Palacio de Justicia en 1985;
Representación legal de Nicolás Neira, un joven de 15 años asesinado presuntamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) en 2005.

Cabe destacar que en el transcurso de este año, diversas organizaciones internacionales han llamado la atención en múltiples ocasiones sobre las amenazas y situación de riesgo de Romero Sánchez y su familia. Preocupa especialmente la falta de reacción por parte del Estado colombiano frente a los llamados de atención febrero de 2019 sobre la situación de Romero Sánchez desde el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales[1]. En este sentido, se sigue esperando por parte de las autoridades estatales la adopción de medidas de protección efectivas para garantizar la integridad física y psicológica de Romero Sánchez que incluya la pronta investigación de los hechos denunciados.

Es preciso señalar que la persecución en su contra se enmarca en un contexto de riesgo permanente frente a la búsqueda de la verdad alrededor de crímenes donde existe la presunta responsabilidad de altos mandos de las Fuerzas Militares. Los ataques concretos hacia su persona y su familia en los últimos meses se han ido multiplicando, pese a las múltiples denuncias ante las autoridades colombianas, debido a la gran responsabilidad que supone la representación en estos casos descritos. Algunos de ellos, cronológicamente, son los siguientes:

Julio-Agosto de 2019: Entre estos meses se recibieron llamadas en la noche al celular de una familiar del abogado, insistiendo en que Romero Sánchez debía devolver la llamada; durante la llamada se escuchaban voces detrás del interlocutor en las que le iban dirigiendo la conversación.
El 20 de agosto de 2019 al regresar de una audiencia en la ciudad de Popayán junto con uno de sus escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), Romero Sánchez y su escolta registraron un seguimiento de dos personas en una motocicleta. Estas personas en motocicleta hicieron vigilancia en distintos puntos cercanos a su vivienda y también hicieron desplazamientos en contravía en inmediaciones de ese mismo sitio[2].
El 4 de septiembre de 2019, en una operación coordinada entre cuatro personas, Romero Sánchez fue víctima de un hurto de su portátil. Éste contenía testimonios, pruebas e información sensible y confidencial contra altos oficiales del Ejército Nacional y otros funcionarios del Estado que DH Colombia ha ido recopilando en los últimos años para la protección y defensa de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que Romero Sánchez representa. Otros dispositivos electrónicos y dinero que estaban junto al portátil, no fueron extraviados[3]. A través de dos cámaras de vigilancia se puede identificar a las cuatro personas involucradas en el operativo; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación tomó el 26 de septiembre la decisión de archivar la investigación sin haber presentado resultado alguno.
El 3 de octubre de 2019 recibió una amenaza directa de muerte. Personas desconocidas llamaron en la madrugada a su residencia privada, diciendo: “No te voy a dejar vivo toda la vida, ¿oyó?” Minutos antes, Romero Sánchez había dejado su residencia para llevar a su hija al colegio. La llamada la recibió su pareja y madre de sus dos hijas.

Las modalidades de amenazas y hostigamientos dirigidas a él y su entorno familiar, además de poner en grave riesgo su integridad física, tienen como objetivo intimidar a Romero Sánchez a través de su núcleo familiar con menores de edad y demuestran un conocimiento de las rutinas del defensor que sólo se puede dar a través de operaciones debidamente planificadas y coordinadas.

Los hechos descritos anteriormente suscitan enorme preocupación por su carácter reiterado y sistemático que parece responder a un patrón de conducta identificable no sólo en relación con el caso descrito sino en el de terceros abogados y abogadas que intervienen en la defensa de los intereses legítimos de víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

Por todo ello, las organizaciones firmantes desean trasladar su solidaridad y apoyo al abogado afectado ya su familia, obligados a vivir en circunstancias que entrañan un peligro real para su vida e integridad personal ante el que las medidas de seguridad aplicadas no parecen ofrecer garantías suficientes. La defensa de los derechos humanos se convierte en una necesidad vital para asegurar el desarrollo y consolidación de un Estado de Derecho con todas las garantías.

Recordamos asimismo que la independencia de los abogados es uno de los principales barómetros de la democracia y de la efectividad del Estado de Derecho y queda consagrada en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 27 de septiembre de 1990. En particular nos gustaría llamar la atención del Estado colombiano en torno a los siguientes principios:

Principio 16:

“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”

Principio 17:

Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.

Principio 18:

Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.

Las organizaciones firmantes desean trasladar al Estado colombiano las siguientes peticiones:

Al Gobierno de la Nación, que adopte todas las medidas necesarias para proteger la integridad personal de Romero Sánchez mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de los hechos denunciados.

A la Fiscalía General de la Nación, (i) investigar los delitos de amenazas en contra de Romero Sánchez del 3 de octubre y el hurto del 4 de septiembre de una manera seria y oportuna, en particular después de la preocupante orden de archivo de la investigación del hurto, y considerando la posible participación de agentes del Estado en este caso de robo de información sensible

A la Unidad Nacional de Protección, que mantenga el esquema actual individual de Romero Sánchez y que se agilice el otorgamiento de un esquema colectivo para la organización DH Colombia con los recursos inmediatos y suficientes para reforzar las condiciones de seguridad de su oficina

A la Procuraduría General de la Nación, que avancen las investigaciones y que se presenten resultados con respecto a la sanción de los responsables de las filtraciones ilegales de la base de datos de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Por último, es preciso señalar que las organizaciones firmantes no actúan en representación del abogado en cuestión. La misiva responde a la voluntad inequívoca de sumar esfuerzos al servicio de un objetivo compartido como es la defensa de la vida e integridad del colectivo de personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

Por favor, le solicitamos amablemente el envío de una respuesta referida a cualquiera de las peticiones descritas.

Atentamente,

Victoria Ortega Benito
Presidenta, Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo y Fundación Abogacía Española

Sophie de Graaf
Directora Ejecutiva, Lawyers for Lawyers

Charlotte Gill
Presidenta, Colombian Caravana

Heather Neun
Lawyers Rights Watch Canada

Ana Bermejo
Diputada de la Junta del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia

CC.