LWRC exige al gobierno de Guatemala que garantice la seguridad de los abogados y jueces.
Al LWRC le preocupa las amenazas contra la vida y la seguridad que varios abogados y jueces de Guatemala han recibido. El 8 de junio del 2001, en la ciudad de Guatemala, el tribunal tercero de sentencia falló contra dos oficiales y un ex-especialista del ejército guatemalteco por el delito de ejecución extrajudicial el el caso del Obispo Juan Gerardi Conedera. El tribunal encontró que el crimen del Obispo Gerardi tuvo un móvil político. Los jueces y abogados que llevaron el caso, han sido amenazados a lo largo de la investigación y del juicio.
El hecho de que el juicio se haya llevado a cabo, pone en evidencia el valor de los jueces y abogados que participaron en el mismo. Sin embargo, no habrá una defensa significativa de los derechos humanos si el estado no actúa de manera inmediata para garantizar que los jueces y abogados que hacen parte en las investigaciones y los juicios de violaciones de derechos humanos puedan actuar con plena libertad e independencia sin arriesgar su libertad, vida o profesión.
Monseñor Gerardi, fundador y director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de haber entregado “Guatemala: Nunca Mas” un reporte de cuatro tomos fruto del esfuerzo del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) que documenta 422 masacres, muerte o desaparición de 52,000 civiles durante los 36 años del conflicto armado interno de Guatemala. El REMHI implica al Ejército de Guatemala y a los grupos paramilitares afiliados a él, como responsables primarios por dichas muertes, desapariciones y masacres. La investigación y el juicio del asesinato de Monseñor Gerardi, han estado marcados por una serie de amenazas y actos de intimidación contra los abogados y jueces que participaron en el proceso. Como resultado de las amenazas continuas, testigos, abogados y por lo menos un juez han sido forzados a salir del pais.
Consideramos que Guatemala, como firmante del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene la obligación afirmativa de responder a la masiva y sistemática violación de los Derechos Humanos que afronta el país y asegurar la seguridad e independencia profesional de los jueces y abogados que participan en este trabajo. La Declaración del los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras declaraciones de la ONU, incluyendo Principios Básicos del Rol de los Abogados, las guías sobre el Rol de Fiscales, los Principios Básicos de la Independencia del Organismo Judicial y la Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos, confirman que un reconocimiento significativo de derechos humanos tiene como base que las naciones firmantes garanticen que los abogados, jueces y otros trabajadores legales tengan garantizada su seguridad para actuar con independencia.
LRWC exige que el gobierno de Guatemala garantice la integridad de las apelaciones y la continuidad de la investigación sobre el asesinato de Monseñor Gerardi, y que:
I. Se cumpla con los convenis internacionales sobre el debido proceso y la independencia y seguridad de jueces y abogados;
II Se introduzcan de inmediato, medidas de seguridad que permitan investigaciones y juicios legales; y
III. Se provea protección para los abogados y jueces que hacen parte en el Caso Gerardi y para los otros abogados y jueces partícipes en todos los procesos de apelación.
En particular LRWC pide y exige la protección de las siguientes personas:
Los jueces del tribunal de sentencia:
1) José Eduardo Cojulún Sánchez,
2) Iris Yasmín Barrios,
3) Amanda Guzmán.
Los fiscales del Ministerio Público:
1) Leopoldo Zeissig,
2) Mario Hilario Leal Barrientos.
Los abogados de la Iglesia Católica:
1) Nery Rodenas,
2) Mario Domingo,
3) Mynor Melgar.