Colombia: Jueza Gloria Constanza Gaona y seguridad de esta familia y la organizacion no-gubermental, Humanidad Vigente

Re: Jueza Gloria Constanza Gaona y seguridad de esta familia y la organizacion no-gubermental, Humanidad Vigente

To: Presidente Juan Manuel Santos y Señor Germán Vargas Lleras

From: Heather D. Neun, LL.B, M.Phil., B.A.

Date: 2011-03-29

Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) ha tenido conocimiento de las noticias de Jenni Torres Jaimes, violada sexualemente y asesinada, con sus hermanos, Jefferson y Jimmi Torres, en el pasado octubre de 2010. El presunto autor de estos crímenes es un subteniente miembro de la Brigada Móvil número 5, Octava División del Ejército Regular.

Nuestra organización también tuvo conocimiento que el 24 de marzo del año en curso, la familia de José Álvaro Torres y en especial dirijida a su hija mayor (hermana de Jenni), quien recibió por una llamada telefónica una amenaza de muerte en la que le dijo: “ah usted es la hija del perro hijueputa, dígale que ya le dimos por donde más le duele y que vamos seguir dándole, no descansaremos hasta matarle otro hijo, tienen que largarse de Saravena, sabemos dónde están viviendo”. Estos hechos ocurieron en el pueblo de Caño Temblador, en el municipio de Tame, departamento de Arauca. LRWC está muy preocupado por la seguridad de esta familia y la organizacion no-gubermental, Humanidad Vigente, que también recibio llamadas amenazantes el 22 de marzo.

LRWC también ha recibido con preocupación informaciones sobre el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaiba y los actos de intimidación contra el Sr. Luis Alfonso Ruiz, director de la organización Humanidad Vigente, y la Sra. Olga Silva, abogada de la misma organización. Sr. Luis Alfonso Ruiz y la Sra. Olga Silva son representantes de la familia Torres. El proceso penal contra el subteniente está actualmente en curso. La audiencia fue aplazada al 31 de marzo de 2011 debido a las maniobras dilatorias de parte de la defensa del subteniente, que ya habían obligado a la jueza Gloria Constanza Gaona – quien llevaba este caso – a suspender la audiencia del 23 de febrero de 2011. El 22 de marzo de 2011, la jueza Gaona fue asesinada por sicarios no identificados en el centro urbano de Saravena.

LRWC pide con urgencia al gobierno de Colombia que proporcione los recursos necesarios y brinde el apoyo político y logístico necesario para proporcionar medidas de protección efectivas a la familia Torres y Humanidad Vigente.

LRWC pide también al gobierno de Colombia, que investigue a fondo los asesinatos de estas personas, para que todos los responsables sean llevados ante la justicia por los crimenes cometidos y estos actos de intimidación.

En LRWC, estamos enormemente preocupados por estos asesinatos, ataques y amenazas contra la familia y las operadores de justicia. Colombia, como firmante del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene la obligación de responder a la masiva y sistemática violación de los Derechos Humanos que afronta el país, y de asegurar la seguridad de los jueces, abogados y otros defensores del sistema de justicia. La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras declaraciones de la ONU, incluyendo los Principios Básicos del Rol de los Abogados, las guías sobre el Rol de Fiscales, los Principios Básicos de la Independencia del Organismo Judicial, y la Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos, confirman que un reconocimiento significativo de derechos humanos tiene como base que las naciones firmantes garanticen que los abogados, jueces y otros operadores de justicia sean proveídos de seguridad personal para poder actuar con independencia. LRWC pide al gobierno de Colombia, que brinde una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.

Sírvase por favor informar a LRWC cuales son las acciones que el gobierno de Colombia esta tomando para investigar a fondo estos actos y para brindar protección adecuada a la familia, los abogados y a la organizacion Humanidad Vigente.